La implementación de la Interoperabilidad y adopción de la firma electrónica, a gran escala,  constituyen los principales retos del Estado en materia de Gobierno Electrónico  

“Cuando pensamos en Gobierno Electrónico, nos imaginamos un Estado interoperable, en ese sentido la Ley de Interoperabilidad, está hecha para normar el sistema de intercambio de información, simplificar la gestión del Estado frente al ciudadano, garantizar servicios públicos integrados y trámites efectivos”, señaló José Sosa, director general de Acceso y Uso de Tecnologías de Información del Ministerio de Ciencia, Tecnología e Innovación (MCTI) y presidente del Centro Nacional de Tecnologías de Información (CNTI).

Durante su ponencia “Retos del Gobierno, Interoperabilidad y Documento Electrónico” en la Jornada de Seguridad de la Información 2012, organizada por la Superintendencia de Servicios de Certificación Electrónica (Suscerte), Sosa explicó el articulado que conforma la Ley sobre el Acceso e Intercambio Electrónico de Datos, Información y Documentos entre los Órganos y Entes del Estado -conocida como Ley de Interoperabilidad- y que, entre otros fines, pretende simplificar   los trámites que realizan los ciudadanos ante los órganos y entes públicos.

La Jornada se realizó en el auditorio del Centro Cultural Simón Rodríguez del MCTI y estuvo orientada al tema de la Firma Electrónica, tocando aspectos como: soportes documentales 2.0, retos para la adopción de la Firma Electrónica, servicios de certificación para Gob-E y para la Banca pública, Herramientas libres para la firma electrónica, entre otros.

“El propósito es reimpulsar la certificación electrónica y que sirva como bandera del proyecto para la masificación del uso de la firma electrónica que alcanzaremos mediante la integración de proveedores, ofreciendo nuevos servicios y trabajando en el fortalecimiento del marco normativo que rige en esta materia”, explicó la superintendente de Suscerte, Yoselin Sánchez.

Como ejemplo del uso de la certificación electrónica la superintendente afirmó que cada vez son más las instituciones públicas que las aplican en sus procesos administrativos. “Hay 1 millón 800 mil contratos firmados electrónicamente para las Canaimas Educativas, el Servicio Administrativo de Identificación, Migración y Extranjería (Saime) lo ha implementado para la emisión de 5 millones de pasaportes, la Contraloría General de la República cuenta con 50 mil declaraciones juradas, además se han otorgado 20 mil certificados de no producción y 5 mil certificados del Servicio Nacional de Contratistas”.

Las  Jornadas de Seguridad de la Información se celebran desde el año 2004 con el fin de promover una cultura de resguardo, control, y manejo correcto de la información dentro de las organizaciones nacionales. La edición de este año se realizó durante los días 6 y 7 de septiembre y en ella los asistentes conocieron experiencias en cuanto a seguridad de la información, anonimato y privacidad en Venezuela, riesgos tecnológicos en la nube, intrusión y prevención de ataques informáticos.


Katherine Di Felice/ÉH