La Cámara de Diputados de Brasil aprobó en la noche del martes el “Marco Civil de Internet”, el proyecto presentado por el gobierno de Dilma Rousseff para establecer principios, derechos y obligaciones de usuarios y proveedores, que ahora deberá ser aprobado por el Senado para convertirse en ley

La iniciativa fue aprobada por el voto simbólico (cuando no se contabilizan los votos de todos los diputados) de todos los partidos con representación parlamentaria, con la excepción del opositor Partido Popular Socialista (PPS).

Antes de la votación, un grupo de manifestantes le entregó al presidente de la Cámara baja, Henrique Eduardo Alves, una petición con más e 340 mil firmas a favor del Marco Civil.

En las primeras horas de la tarde, los líderes de los bloques parlamentarios ya habían anunciado su apoyo a los principales puntos del texto, aunque mantenían objeciones al Artículo 20, que establecía que los proveedores de Internet serán responsables de los contenidos de terceros sólo en el caso en que ignoren una decisión judicial -y no una mera notificación- para retirar el material de la web.

Diputados del PMDB presionaban para que se mantuviera la situación actual, que les permite a los proveedores eliminar contenidos con una simple notificación de que el mismo puede infringir alguna normativa, y de esa forma prevenirse ante problemas judiciales. Finalmente, el texto original fue alterado, dejando en claro que la notificación de un representante legal o del participante será suficiente para que el contenido sea bajado, según informó el diario Folha de Sao Paulo.

Por otro lado, el oficialismo accedió a flexibilizar reglamentación de la llamada “neutralidad en la red” -concepto que será detallado por un decreto presidencial- para atender los reclamos del PMDB y garantizar la aprobación. La idea de "neutralidad en la red", popular entre los usuarios pero resistida por las telefónicas, implica que los prestadores de conexión a Internet deben garantizar a sus clientes la velocidad contratada, independientemente del contenido al que estos accedan.

La propuesta también obliga las empresas extranjeras de servicios de Internet, como Google a obedecer a las normas de la legislación brasileña, aun cuando no estén instaladas en el país. Asimismo, con el fin de garantizar la privacidad de los usuarios, el Marco Civil prohíbe a los proveedores de servicios ofrecer a terceros información sobre sus clientes, excepto que exista el consentimiento de los internautas.

Finalmente, las empresas podrán almacenar información como el historial de búsquedas, los correos electrónicos y otros datos por un máximo de seis meses, mientras que los proveedores de conexión deberán guardar datos como las IPs de sus clientes por un año. La semana pasada, con el objetivo de garantizar el tratamiento del proyecto en el plenario, el oficialismo cedió ante los reclamos de la oposición y eliminó el Artículo 12, que obligaba a las compañías -como Google- a almacenar los datos de los brasileños dentro del territorio de Brasil.

Ese punto era una respuesta directa al espionaje masivo practicado por el gobierno de los Estados Unidos, pero la oposición logró imponer su visión de que replicar en Brasil estructuras -datacenters- semejantes a las que tienen en sus países de origen generaría altos costos para los usuarios. La sanción de esta norma es una prioridad para el gobierno de la presidenta Dilma Rousseff, sobre todo después de que documentos filtrados por el ex técnico de inteligencia Edward Snowden revelaran que la Agencia Nacional de Seguridad de los Estados Unidos (NSA) espió correos electrónicos de la mandataria y le pinchó el teléfono.

Fuente: Telam