La Superintendencia de Servicios de Certificación Electrónica (Suscerte) lleva adelante el proyecto, inicialmente a lo interno de las instancias gubernamentales

La Superintendencia de Servicios de Certificación Electrónica (Suscerte) lleva adelante el Proyecto de Masificación del Uso de la Firma Electrónica, que tiene como objetivo la aprobación inmediata en la realización de trámites administrativos y la reducción de los costos de inversión por parte de ciudadanos ante cualquier dependencia gubernamental.

La superintendente de Suscerte, Yoselin Sánchez, destacó que este proyecto busca optimizar los tiempos de respuesta de trámites gubernamentales bajo una plataforma tecnológica confiable, que permite incrementar la seguridad de los procesos administrativos.

"La aprobación inmediata en la realización de trámites administrativos, así como la reducción significativa en los costos de impresión de documentos por parte de los ciudadanos ante cualquier dependencia gubernamental, representan dos de las ocho ventajas que posee el uso de la firma electrónica" afirmó la funcionaria.

El proyecto, inicialmente, está enfocado a masificar el instrumento en el sector público. No obstante, afirmó Sánchez, la institución también está abierta a asesorar a privados o personas interesadas en conocer sobre el uso de la firma electrónica y sus proveedores.

Cabe destacar que el uso de la firma electrónica viene siendo utilizada desde el 2011 por altos funcionarios del Gobierno nacional, tras la oficialización, ese mismo año, de una Autoridad Excepcional de Seguridad para Altos Funcionarios, que incorpora los certificados y firmas electrónicas. Asimismo, el instrumento está amparado por la la Ley nº 1.204 Sobre Mensajes de Datos y Firmas Electrónicas, con fecha de 10 de febrero de 2001; siendo el Suscerte el organismo coordinador.

Promoviendo aplicaciones. Otro de los puntos resaltantes del proyecto de masificación de la firma electrónica que lleva adelante el Suscerte es implementar una serie de aplicaciones entre ellas un sistema con un módulo de firma electrónica donde se podrá llevar al mundo informático y de manera legal el proceso de redacción y aprobación de Puntos de Cuenta, así como la gestión documental del sector público en formato electrónico.

En este sentido, la Superintendente Sánchez extendió una invitación a todas las instituciones del Estado para que se incorporen rápidamente a este proyecto que busca impulsar el gobierno electrónico dándole el apoyo al talento venezolano en el desarrollo de estas herramientas.

Recordando la "Rabo e cochino"

La firma electrónica "es un conjunto de datos (personales) que vincula de manera única el documento al usuario y garantiza la integridad del documento electrónico". Según la Superintendencia de Servicios Certificación Electrónica (Suscerte) "aporta al mundo digital las mismas características que la firma autógrafa al mundo real".

En Venezuela se aprobó en el año 2001, vía Habilitante, la Ley sobre Mensajes de Datos y Firmas Electrónicas. Sin embargo, fue en 2011 cuando el Gobierno la aplicó. El 16 de julio de ese año, el presidente Hugo Chávez obtuvo su certificado o tarjeta electrónica, requisito básico para poder firmar documentos desde el exterior.

Este fue el mecanismo que el Jefe de Estado usó para suscribir el decreto de designación de Elías Jaua como canciller, y cuya legalidad fue cuestionada por Copei y Proyecto Venezuela, tras señalar que la firma es escaneada y que no es electrónica, sino manuscrita.

Entrevistado por Últimas Noticias en esa oportunidad, el exprofesor de postgrado de la UCV en materia de Gobierno Electrónico, Alonso La Fuente, explicó que “la firma electrónica es una certificación y se asume que cada vez que la uses esa firma electrónica es tuya, porque es una información personalísima”.

Dijo que para firmar un documento vía digital sólo hace falta introducir la clave, establecida con la certificación. Al utilizarla “es posible” que sea impresa la firma registrada en la Suscerte o “una instrucción diciendo que se firmó electrónicamente”. Dijo que la Ley no obliga a informar si el texto se firmó vía electrónica.

Fuente: La Red