La adquisición de software por parte de los gobiernos ha sido siempre un tema polémico. Las licitaciones nunca satisfacen a nadie, sin contar que pocos las entienden. Tal vez el caso más emblemático sucedió en la Administración foxista, cuando se licitó el software para el proyecto Enciclomedia

Hasta Miguel de Icaza (experto en software libre) fue convocado a la discusión, donde sin duda nada tenía que hacer ante la poderosísima capacidad de negociación de los “expertos” en software de aquella Presidencia. Patética escena esa, un profeta del software libre evangelizando en un desierto lleno de cactus viejos y espinosos.

Muchos gobiernos, tanto locales como internacionales, han decidido emprender sus propios desarrollos. Sobre todo en temas como la educación y la mejora regulatoria. Hay fracasos y casos de éxito. Y cada vez son más los que incorporan software a su administración pública.

La popularización de internet (ojo: popularización no masificación) ha disminuido la tensión sobre el tema que tanto preocupaba hace quince años, referente a cómo abordar el desarrollo, si con software libre o licenciatado (pagar por uso o por versiones). Hoy la mayoría de los desarrollos de software tienden a colocarse en la nube (servicios de software a través de internet) y es en internet donde proliferan los lenguajes de programación de libre uso que permiten a los gobiernos desarrollar sus aplicaciones, sin pagar licencias para usarlos.

El Software Libre no es gratis
Es una falacia. Un mito de frustrados académicos. Ínfulas recurrentes de estudiantes rebeldones. El software libre nunca ha sido gratis. Los propios creadores del Sistema Operativo GNU y fundadores de la Fundation Software Free, incluido Richard Stallman su presidente, exponen en su sitio web, textualmente: “Cuando hablamos de 'software libre' (o 'free software' en inglés) estamos hablando de libertad, no de precio. (Piense en 'libertad de expresión', no en 'barra libre'). En realidad, recomendamos a la gente que distribuye software libre que cobre tanto como desee o pueda. Mucha gente cree que el espíritu del proyecto GNU es que no se debería cobrar dinero por distribuir copias de software; o que se debería cobrar lo menos posible, sólo lo suficiente para cubrir el coste. Es un malentendido”. No es necesario abundar más al respecto.

Desarrollar o subcontratar el desarrollo

Algunos gobiernos consideran que optar por software libre significa abaratar costos y liberarse de las ataduras de los pagos a proveedores de software. La realidad es que, independientemente de si el software es libre o no, el software requiere de inversión. Más aún, en su concepción más semántica el software es un ente “vivo”. Es un componente dentro de la administración pública o privada, que evoluciona, crece o se adapta, según las necesidades de la organización, por lo que una vez implementado no puede ignorarse. Requiere de una atención constante, supervisión permanente, adecuaciones recurrentes, soporte técnico.

Llegados a este punto, la discusión está en si el gobierno tiene las capacidades técnicas (gente) y económicas (inversión) para llevar a cabo al interior de su estructura burocrática su propio desarrollo de software, o bien optar por subcontratar dicho desarrollo.

La soberanía del software

Llegado a esta dicotomía del desarrollo propio o subcontratación, y dejando fuera el software ofimático (para labores de oficina), existen procesos dentro de la administración pública que son dictados, regulados y observados por las leyes, principalmente aquellos de recaudación de impuestos y de administración inherentes al ejercicio público, los cuales el gobierno debe acatar y en los que invariablemente está implicada la información de los ciudadanos, que también se obliga a salvaguardar. Dadas estas particulares circunstancias, ningún gobierno debe ser rehén de los proveedores de software. El gobierno debe ser dueño total y absoluto de la información y de los mecanismos (software) a través de los cuales procesa, analiza y explota los datos; dicho de otra manera, el gobierno debe ser dueño del software.

Esto no inhibe la opción de la subcontratación, sino que obliga a regularla a través de contratos de desarrollo de software muy específicos donde se establezcan sus alcances y limitaciones; sin duda un tercero puede desarrollar el software tal cual se le solicita; puede incluso ser él quien provea el soporte técnico. Sin embargo, el dueño del software debe ser el gobierno, porque este debe tener la libertad de mejorar, ampliar, depurar o adecuar el software a sus necesidades, que sin duda serán emanadas de nuevas disposiciones de ley o mejoras a las ya existentes. De tal manera que el gobierno tiene la libertad de continuar o no contratando al desarrollador, y optar por cambiar de proveedor o bien crear las instancias en su interior que continúen soportándolo.

No es una cuestión de software libre o licenciatado, de facto o subcontratado, porque dichos desarrollos son pagados con el erario, por lo que implícitamente la propiedad del software también es de los ciudadanos y ellos tienen en todo momento “el inalienable derecho de alterar o modificar la forma de su gobierno” (artículo 39º, sobre la soberanía), y es en la “forma” donde están incluidos los procesos de la administración pública regulados por la ley y sobre los cuales algunos software son desarrollados. A eso me refiero cuando hablo de la soberanía del software, porque existe y debemos defenderla.

Soberanía Vs Libre Mercado

Una cosa es la soberanía del software y otra muy distinta comercializar software. Aquí el otro extremo de la bifurcación que nos plantea el desarrollo propio o subcontratado. El gobierno que es capaz de llevar a cabo sus propios desarrollos no debe erigirse como proveedor de software, bajo ninguna circunstancia o artimaña, como la creación de institutos o a través de las mismas universidades con programas o direcciones para tales fines. En una república democrática y de libre mercado como la nuestra (para mantenernos en los mismos términos) el gobierno debe ser facilitador y regulador de las industrias que promueve, pero jamás convertirse en un competidor más, sea cual fuere la figura a través de la cual participa. No es correcto y no lo debemos permitir.

Fuente: El Economista