La Ley de Infogobierno resume en su espíritu, la creación y el ofrecimiento de las condiciones para la modernización del Estado, gracias al gobierno electrónico, que da plenas garantías para el desarrollo, con el uso de las tecnologías, hacia la soberanía tecnológica

El gobierno electrónico es el uso de las tecnologías de la información y el conocimiento en los procesos internos de gobierno, en la entrega de los productos y servicios del Estado.

En nuestro caso, esto implica que a partir del instrumento legal tendremos el derecho y también el deber de ser una nación que domine sus medios tecnológicos y evite el control de intereses injerencistas y ajenos al desarrollo a través de la ciencia y la innovación.
Además este instrumento legal permite al gobierno derrotar el burocratismo y paralelamente ofrecer servicios para mejorar la calidad de vida del pueblo.

Sobre estos aspectos consultamos al internauta de la Comunidad Software Libre, Alexis Anteliz, quien considera que el instrumento legal “garantiza que la gestión pública se haga más eficiente, eficaz, transparente, sencilla, segura, confidencial, participativa y corresponsable, como lo define los conceptos de Administración Pública y del Poder Público, recogidos maravillosamente en la Constitución Bolivariana, entre otros en los artículos 26, 51 y 141, cuyas garantías se extienden al gobierno electrónico”.

Indica la Ley que los poderes públicos deben dotarse de una plataforma tecnológica integrada, bajo el control y administración del Estado, “por lo que resulta materia prioritaria la formación del recurso humano, para garantizar pleno ejercicio de la soberanía tecnológica y desarrollo nacional”, indicó.

Incluye mecanismos de financiamiento con fondos públicos para investigación, diseño, creación, desarrollo, producción, implementación, asistencia técnica, documentación, formación y servicios de software y hardware libres.

“La ley reconoce el emprendimiento y empoderamiento que puedan llevar adelante los creadores, investigadores, usuarios y comunidades, y de forma especial impulsa la conformación de las comunas de tecnologías libres”, afirmó el internauta.

Un poco de historia

Transcurrían los primeros meses de 2005 cuando el parlamento, en la voz del entonces diputado Luis Tascón, adelantó la discusión de la Ley de Infogobierno, con amplia participación de la Comunidad de Software Libre.

El significativo avance legal en materia tecnológica no podía escapar del ataque de la transnacional del software, Microsoft, que acudió a la embajada de los Estados Unidos en Venezuela, como lo evidencia las revelaciones de Wikileaks.

El parlamento y los movimientos de apoyo a las nuevas tecnolgías del país unieron fuerzas y se logró la aprobación de la Ley, con vigencia desde el pasado 17 de agosto y publicada en Gaceta Oficial N° 40.274.

Queda claro que deben someterse al mandato de este nuevo papel legal los órganos del Poder Público Nacional, Estadal, Municipal, en todos los niveles del Gobierno, así como en distritos metropolitanos, dependencias federales, el Banco Central de Venezuela, las universidades, institutos de educación universitaria públicos, las organizaciones del Poder Popular, y demás personas de derecho público nacionales, estadales y municipales.

Exactamente el 15 de agosto de 2013, Blanca Eekhout, en su condición de segunda vicepresidenta del Parlamento, expuso que: “Durante años la nación ha trabajado para lograr software libre para todos los venezolanos”.

Finalmente fue aprobada el 17 de octubre 2013 y a 10 meses de su promulgación se pone fin al vacatio legis y se debe avanzar en el proceso iniciado por el Comandante Eterno, Hugo Chávez, con el Decreto 3.390, promulgado el 23 de diciembre de 2004 y publicado en la Gaceta Oficial N° 38.095.

Dicho decreto indica que debe darse prioridad al uso del software libre; no obstante, no indica que no se debe utilizar software propietario o privativo.

Pero la ley, desglosada en 84 artículos y seis títulos, sí establece el carácter de obligatoriedad del uso de las tecnologías de información en el ejercicio de las competencias del Poder Público.

Ajustado al Plan de la Patria

Conceptualmente la Ley de Infogobierno impulsará la automatización de la administración pública venezolana bajo software libre y estándares abiertos, en la búsqueda de la independencia tecnológica como lo establece el Plan de la Patria, que a la letra dice:

1.5.3. Impulsar el desarrollo y uso de equipos electrónicos y aplicaciones informáticas en tecnologías libres y estándares abiertos.

1.5.3.1. Garantizar el impulso de la formación y transferencia de conocimiento que permita (…) aplicaciones informáticas en tecnologías libres y estándares abiertos.

1.5.3.3. Garantizar, en las instituciones del Estado, el uso de equipos electrónicos y aplicaciones informáticas en tecnologías libres y estándares abiertos.

1.5.3.4. Desarrollar una política integral que impulse la creación de centros tecnológicos en centros educativos, (…) que garanticen procesos formativos(…) y aplicaciones informáticas en tecnologías libres y estándares abiertos.

Gobierno Electrónico

“Esta ley crea un territorio para que el gobierno electrónico avance más rápido”, señaló el ministro de Ciencia, Tecnología e Innovación, Manuel Fernández, en reunión con los directores de informática de la administración pública, representantes del Poder Legislativo y activistas del software libre.

Sobre la Ley dijo que: “Es la expresión del país que estamos edificando, primero con el presidente Chávez y ahora con el presidente Maduro”.

La Ley de Infogobierno se une a un cúmulo de leyes y decretos que apuntan a darle un marco jurídico al gobierno electrónico.
Además indicó que la Ley redundará en la simplificación y automatización de trámites, la contraloría social y la soberanía.

Más eficacia y eficiencia

Con la aplicación del nuevo instrumento debe apuntarse hacia un Estado más eficaz y eficiente en su gestión como administrador de las políticas públicas; sin embargo, tanto la ley como las tecnologías de información son medios y no un fin en sí mismas.

Al respecto, Anteliz acota: “Un Estado eficiente en la prestación de servicios de gobierno electrónico, deberá mejorar la infraestructura de la red para ampliar el acceso de las personas a las tecnologías de información, lo que permite el establecimiento de las condiciones necesarias que propicien la progresiva y lógica mejora de los servicios que el Poder Público presta a las personas por esta vía”, indicó.

Al prever la obligatoriedad del uso de las tecnologías de información para la gestión interna y en la relación con otros entes u órganos y entre estos y las personas “estamos frente a una Ley que no solo coopera con la eficacia y eficiencia, sino que exige de las personas un mayor nivel de participación y organización”, advirtió.

Explicó el internauta que el Estado exige, a su vez, las garantías para que de forma corresponsable se cuente con los medios en el proceso de formación, socialización, difusión, innovación, investigación y la comunicación, que permitan consolidar la contraloría social en la gestión pública que se realiza de forma electrónica, “lo que debe garantizar el ejercicio del derecho a participar en el diseño de tales políticas, traducidas en servicios de gobierno electrónico e incluso en la mejora de todos los mecanismos ya existentes”, añadió.

Tiempo, Inclusión y Seguridad

Activistas y colectivos que participaron en la consulta pública y redacción de la Ley, coinciden en que con la entrada en vigencia de la Ley de Infogobierno una de las principales ventajas para todos los ciudadanos será el ahorro de tiempo, ya que evitaría los trámites de forma presencial.

“Ello supone mejora en el buen vivir, además de que es una Ley incluyente al prever en su articulado las garantías de acceso a las tecnologías de información a las personas con alguna diversidad funcional limitante, ya que los sistemas deben contener condiciones de accesibilidad que hagan posible la utilización de todas las herramientas de forma universal”, explica.

Esta característica además apunta al mayor uso de internet por parte del ciudadano común, así como garantía de seguridad y confiabilidad en los sistemas.

Existen indicadores que confirman que en los últimos 15 años de Revolución Bolivariana, las políticas públicas orientadas a satisfacer el derecho a internet van en ascenso y han generado innumerables espacios públicos en la red.

Ejemplo de ello, según Anteliz, “son los programas educativos que incluyen la entrega masiva de computadoras y planes con financiamiento como el denominado Cantv Equipado, que ha hecho posible que millones de venezolanos cuenten con acceso a internet en sus hogares, centros educativos, en sus respectivos trabajos y en los espacios públicos”, afirmó.

El simple hecho de que una persona pueda realizar en la comodidad de su hogar un trámite, o acceder a un servicio automatizado, presupone no solo un ahorro de tiempo, que además ayudaría a descongestionar de las ciudades, sino que de cierta forma contribuye a su propia seguridad personal, más aún si se trata de servicios que impliquen uso de dinero físico.

En referencia a aspectos de seguridad que genera el nuevo instrumento legal, el especialista agrega que existen herramientas de geolocalización como la aplicación recientemente puesta en servicio a través del Ministerio del Poder Popular para Interior, Justicia y Paz, en aras de combatir la criminalidad, aunque advierte que: “Es una excepción como programa informático libre, lo cual requiere del desarrollo de una versión equivalente para asegurar el control de la informática”. Es decir, que si no existiera una versión en software libre que reemplace la privativa, entonces se debe desarrollar una para esa aplicación.

Ley, Educación y Cultura

Para analizar la posible relación o influencia de la naciente Ley de Infogobierno sobre el modelo educativo y cultural, que se moldea en días de perfeccionamiento del modelo autóctono socialista, propuesto por el Comandante Chávez y continuado por el presidente Nicolás Maduro, Anteliz se remonta a noviembre de 2006 cuando en Mérida se inauguraba el Centro Nacional de Desarrollo en Tecnologías Libres, allí el Líder Supremo lanzó líneas estratégicas en torno a cómo romper la dependencia científico-tecnológica, a través de las tecnologías libres, la investigación y desarrollo del software libre, señalando lo siguiente: “…Es importante que expliquemos al país, no hoy nada más, sino todos los días, qué es esto, por qué mucha gente oye tecnologías libres: ¡ah!, unas computadoras por allá, Chávez y cuatro locos más dándole a las computadoras… jugando… chateando… no, no, no, es la independencia lo que estamos buscando, estamos construyendo, un cañón así como Bolívar tenía cañones y caballos y hombres armados para derrotar al imperio español, ahí están nuestros cañones y nuestros hombres y mujeres armados con las armas de la inteligencia y el saber para lograr la independencia científico-tecnológica”, recordó.

Se antoja pertinente aquella referencia del Comandante Chávez cuando aseguró que la dependencia científica y tecnológica es un grandísimo mecanismo de estrangulamiento que ha impedido el más mínimo avance del desarrollo científico.

Ahora la Ley emerge como instrumento liberador, con determinante peso sobre la Revolución del conocimiento, la educación y la cultura, por la accesibilidad del soberano a manejar con plena libertad y responsabilidad los espacios informáticos y la información, a través del software libre.

Alertas con el ciberterrorismo

Venezuela ha sido testigo de la manipulación mediática que se teje detrás del uso irresponsable y casi impune que, bajo la sombra del anonimato, se hace del internet y de las redes sociales.

“Hay que aplicar sin dilaciones la Ley para evitar situaciones como la de 2002 con el paro petrolero, que fue una acción terrorista con epicentro en la dependencia tecnológica de Pdvsa, cuyo cerebro informático estaba bajo el dominio transnacional”, aseguró.

Con el novísimo instrumento legal queda claro que toda persona en el ejercicio de la función pública tiene responsabilidad civil, penal y administrativa y podrá ser sujeto de las sanciones previstas en la ley. La historia precedente representada en el Decreto 3390 no establecía sanción alguna, y allí radica la diferencia, ya que la Ley de Infogobierno establece el carácter obligatorio en el uso de las tecnologías libres, mientras que el Decreto decía “preferentemente”.

Es innegable que actualmente en el país los terroristas recurren a internet para actividades de propaganda, operaciones psicológicas y manipulación informativa, pero afortunadamente surgió esta Ley como garantía de plena paz.


Entes del Estado deben dar el ejemplo con la aplicación del Software Libre

El Estado venezolano será más eficaz en la prestación de sus servicios públicos en tanto y en cuanto vele por el fiel cumplimiento de las bondades planteadas tanto en la Ley de Infogobierno como en la de Interoperatividad, ya que ambos instrumentos engloban herramientas para agilizar trámites con transparencia, confiabilidad y le garantiza un alto al burocratismo, a los gestores innecesarios y, por tanto, a las prácticas de corrupción.

Tal aseveración se desprende de lo explicado por el especialista informático Luigino Bracci, miembro del Colectivo Conocimiento Libre para el Socialismo (Colibris).

Centrándonos solo en la Ley de Infogobierno, y teniendo como bandera al software libre, Bracci afirma que: “hace falta una especie de orden superior para que los organismos del Estado sean ejemplo en la aplicación de la Ley, por las ventajas que generan sus sistemas operativos a todos los usuarios”, asegura y señala que entes estratégicos en la vida política y social del país como Pdvsa, Corpoelec, medios de comunicación oficiales y la misma Cantv, por ejemplo, han demorado en la puesta en marcha de las nuevas tendencias tecnológicas a que se refiere el citado instrumento legal.

Cree el experto en informática que el primer factor influyente es la resistencia a los cambios, pero deja saber que hay que adelantar investigaciones, con apoyo del propio Estado, tanto en lo económico como en el apoyo logístico, nacional o foráneo, en torno a las implicaciones del necesario cambio de esos software privativos por los software libres, “porque se reducirían los costos y los tiempos de todos los trámites administrativos y se garantizaría confiabilidad y transparencia en las gestiones electrónicas necesarias”, explicó.

Señala que: “En los entes estatales donde se mueve poco dinero ya existe el software libre, pero qué casualidad que donde hay gran flujo de caja siguen utilizando esos software privativos, que son vulnerables, como se demostró con el caso Wikileaks”. Agrega que se ha descubierto a personas que se lucran con las licencias, los antivirus y otros aspectos electrónicos que pasan el límite de lo tecnológico a lo crematístico.

Por ello, según Bracci, el Estado y sus instituciones de punta, deben poner en práctica el ejecútese de la Ley de Infogobierno, para lo cual pueden valerse de apoyo internacional con pruebas en paralelo, que determinen el buen funcionamiento para aumentar la operatividad de las mismas.

“Debe hacerse un análisis de acuerdo con los intereses, la misión y la visión de cada ente público, para en esa medida rediseñar su plataforma tecnológica, pero basada en software libre, para romper definitivamente ese hilo interconector que genera dependencia y no permite que se termine de arrancar con planes, tareas y metas propias y libres”, indicó.

Pone como ejemplo el paro petrolero del 2002, ya que según su análisis, altos funcionarios de Pdvsa, ligados a los intereses imperialistas, manipularon varias operaciones, solo por manejar ese software privativo, y por ello tuvieron éxito en sus objetivos iniciales.

“No obstante, se detectó el terrorismo electrónico y en 2004 el Comandante Chávez generó el decreto 3.390 para el uso del software libre por parte de la administración pública nacional, lo que fue una sabia decisión”, expuso, convencido de que ese es el camino correcto hacia la verdadera independencia tecnológica.

Ante esta situación, Bracci exhorta a los organismos competentes a aplicar las sanciones expresas en los artículos 81 y 83 de dicho papel legal, que plantea multas, inhabilitación para cargos públicos e incluso prisión. A la vez hace un llamado a la confianza de los usuarios e invita a familiarizarse con los servicios de firmas y certificados electrónicos que ofrece la Superintendencia de Servicios de Certificación Electrónica (Suscerte) en pro de la inclusión del soberano en los servicios de gobierno electrónico y fortaleciendo los sistemas de información.

Fuente: Minci